LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LOS DERECHOS LABORALES EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICAS Y DE ELECCIONES: CARTA ABIERTA ANTE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ARGENTINA
Los ciclos de crisis económicas suelen afectar de forma muy negativa sobre los derechos laborales, tanto en su vertiente individual como colectiva. Con independencia de las causas que motivaron la situación de crisis económica con carácter general, resulta intercambiable el país o la región del mundo donde ésta acaece, se establece una suerte de culpabilización ante las condiciones de vida que las personas ostentan con ocasión de su prestación de su trabajo. Este tipo de conductas, tantas veces experimentadas en las sociedades que se ordenan en torno al trabajo, alumbran fenómenos de agudización de la precariedad y la pobreza de amplias capas de la sociedad a la vez que, en paralelo, un número reducido de personas se enriquece exponencialmente. Si, además, la crisis económica coincide con un proceso de elecciones se muestran de forma muy evidente determinadas representaciones políticas del trabajo que banalizan la dignidad del conjunto de las personas trabajadoras. Para estas opciones no importa si esta banalización de los derechos sociales y laborales horada las previsiones constitucionales de las reglas que ordenan e informan las relaciones laborales. Estos proyectos políticos de despolitización del trabajo permiten asomarse a la ventana de ciertas concepciones sociales ultraliberales en las que el menosprecio por las personas trabajadoras constituye la base del enriquecimiento exacerbado de las élites económicas. No importa si para ello se sobreexplotan sin medida a las personas o los recursos naturales que permiten la vida.
Esta situación es la que hoy están viviendo las personas trabajadoras en Argentina. Ante la situación de crisis económica que deriva de un proceso inflacionario intenso y prolongado, la convocatoria de elecciones presidenciales está dejando ver con demasiada claridad la representación política de cierta opción electoral sobre muchos ámbitos de la vida que la Constitución argentina entiende valiosos. Dos son los ejemplos más evidentes: el trabajo y el medio ambiente.
En relación con el trabajo, llama la atención que se vuelvan a proponer fórmulas tan ensayadas, aquí y allí, como ineficaces desde el punto de vista económico y extremadamente feroces con las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías sociales. De este modo, el proyecto que no entiende que la igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no existe libertad sin ella (Frances Wright) insiste tozudamente en la realización de un paquete de acción en la normativa laboral de corte netamente neoliberal. Flexibilizar la normativa laboral para hacer más atractivo el desarrollo económico-empresarial, degradando el derecho al trabajo a través de la afectación del principio de estabilidad en el empleo y fomentando el despido arbitrario, proponiendo para ello la creación de un fondo de capitalización ante extinciones unilaterales de relaciones de trabajo por parte empresarial; individualización de las relaciones de trabajo y de previsión social que se concentran sobre la sustitución de fórmulas de solidaridad de esta última a favor de la privatización de las necesidades sociales ante la ausencia de rentas provenientes del trabajo; el desprecio por las reglas del trabajo asalariado que persiguen la igualdad entre mujeres y hombres; la instauración de la supremacía del espacio empresa en el que las personas trabajadoras no tienen derecho a participar; o, por poner un ejemplo más, degradar la función de representación colectiva de los intereses y derechos de las personas trabajadoras a través de conductas atentatorias del derecho de libertad sindical, impulsando al amarillismo sindical… son todas ellas medidas que producen un vaciamiento del artículo 14.bis de la Constitución argentina.
Resultan más impactantes e irresponsables si cabe las medidas propuestas por esta opción política en materia de medio ambiente que, de igual modo, atacan el sentido y contenidos del texto constitucional, en este caso del artículo 41 de la Constitución. Confiar al mercado el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano en el que las actividades productivas no pongan en peligro a las generaciones futuras es un ejercicio de irresponsabilidad política y jurídica precisamente en un momento donde la transición climática forma parte transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030, donde caben ser destacados de manera especial los ODS número 13, 14 y 15. Es a través de la acción de los poderes públicos como se han de asegurar la consecución de estos objetivos, no siendo posible la delegación de esta responsabilidad política en manos privadas in una mediación y control públicos.
Desde Centro Europeo y Latinoamericano por el Diálogo Social (CELDS-UCLM) mostramos nuestro compromiso con los contenidos constitucionales que no resulten contrarios al desarrollo cada vez más pleno del Estado Social y democrático de derecho, entre los que sin duda no caben planteamientos como los que en estos días se tienen conocimiento de un país tan próximo como Argentina.